La atribución del uso de la vivienda familiar después de una separación o divorcio es un tema que preocupa mucho a las personas que están pasando por un procedimiento de estas características.
En el caso de hijos menores de edad, tengan o no una discapacidad, el criterio general que se deriva directamente del art. 96 del Código Civil español es el del que el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. El Tribunal Supremo, no obstante, excepciona su aplicación cuando los menores tienen solventadas sus necesidades de habitación por otros medios, como también así se establece concretamente en el AT 233-20 del Código Civil catalán.
Para el caso de hijos mayores de edad, aunque sean dependientes económicamente, ya no se realiza una atribución automática del uso de la vivienda familiar a estos y al cónyuge que conviva habitualmente con ellos. El interés superior del menor como criterio determinante desaparece, y los padres, pasan a estar en posición de igualdad respecto a su obligación conjunta de prestar alimentos a los hijos comunes que sean dependientes económicamente. Se atenderá en ese caso al criterio del interés más necesitado de protección respecto de los cónyuges, pudiendo darse un plazo determinado de uso al cónyuge que se encuentre en una situación más vulnerable, pero no pudiendo atribuirse el uso de forma indefinida.
Para el caso que el hijo sea mayor de edad, pero tenga una discapacidad, se equipara a los menores en el uso o atribución de la vivienda familiar. Se tendrá que atender caso por caso, debiendo el juez valorar la continuación en el uso de la vivienda familiar si no tuviera otra manera de satisfacer esa necesidad de vivienda.
